Carolina Cáceres
Lic. enfermería, Prof. Docencia Superior, Diplomada en Gestión de Servicios de Salud, Diplomada en Géneros, Política y Participación.
“La clase trabajadora no debe esperar que otros le concedan lo que necesita; debe aprender a confiar en su propia fuerza organizada.”
— Alexandra Kollontai (1921)
Reforma laboral y memoria
La discusión en torno a la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional no puede reducirse a una enumeración técnica de artículos modificados. Lo que está en juego no es solamente un conjunto de disposiciones, sino una redefinición del equilibrio de poder entre patronales y trabajadores. Para el equipo interdisciplinario de salud, del sector público y privado, tiene implicancias específicas que es necesario revisar.
No nos toca?
Algunos repiten (a veces por desconocimiento, otras veces con intención de desinformar), que esta reforma laboral, no nos toca a quienes trabajamos en el sector público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se basan en que son “distintas jurisdicciones”, o en que la aplicación es para “nuevos empleos”. A continuación, vamos a revisar que tanto nos tocan- o nos atraviesan- los artículos más polémicos.
Algunos artículos que podrian afectar directamente, incluso a nuestro colectivo, son la reducción de indemnizaciones, su pago en cuotas y la propuesta de financiarlas con los aportes de ANSES (es decir con nuestras jubilaciones), la eliminación del In dubio pro operario que favorecen la defensa judicial de las/los trabajadores entendiendo que la relación laboral es desigual, y las modificaciones al derecho a huelga.
En el sector salud, la jurisprudencia y la práctica administrativa han consolidado el criterio de “servicios mínimos indispensables”, lo que garantiza la atención de los sectores de Guardia y emergencia, cuidados críticos y salas de internación, mientras se suspenden cirugías programadas, consultorios externos, y otras actividades no urgentes. Este equilibrio permite compatibilizar la atención de la salud de la población con el ejercicio efectivo del derecho a huelga.
Algunos intentos fallidos de criminalización de la protesta, se configuran como antecedentes. Un ejemplo es la denuncia penal por “abandono de persona” contra trabajadores del Hospital Garrahan tras una prolongada huelga en 2005. La resolución fué el sobreseimiento, y establece un límite claro: incluso en un servicio crítico como la salud, la huelga no puede ser equiparada a un delito.
Más recientemente, en el mismo Hospital, el conjunto de trabajadores se movilizó y dió visibilidad al reclamo salarial, logrando obtener una resolución favorable y una Ley de Emergencia Pediátrica. En represalia, la patronal, realizó sumarios contra las/los delegadas/os con la intención de despedirlas/os. Se presentaron amparos judiciales y las medidas de lucha continuaron con el apoyo de otras organizaciones de salud, hasta que el juez ordenó la suspensión de los sumarios (ver nota en sección Gremiales). Estos antecedentes dejan claro que la justicia no solo reconoce el derecho a huelga, sino que rechaza su criminalización, y que la lucha colectiva es definitoria.
La actual reforma laboral pretende ampliar la cantidad de sectores que se consideran “servicios esenciales”, como por ejemplo el sector de educación. Si bien el sector de salud ya era considerado un servicio esencial, es necesario tener en cuenta que debido al pluriempleo, muchos trabajadores de la salud también son docentes universitarios, en un contexto donde el Gobierno desfinancia las universidades.
Además, se proponen modificar la atención de “servicios mínimos indispensables”, exigiendo hasta un 75% de funcionamiento total garantizado. Transformando una huelga con impacto institucional, en una medida de alcance reducido, que disminuye aún más la capacidad de presión colectiva.
Las asambleas en los lugares de trabajo constituyen un espacio central de deliberación democrática y de construcción de identidad colectiva. Más aún en un sector tan fragmentado y con equipos interdisciplinarios donde conviven múltiples profesiones. La reforma laboral se propone limitarlas, sujetarlas a autorizaciones restrictivas, y debilitar la capacidad organizativa de base.
La negociación colectiva constituye otro pilar del derecho laboral argentino (Etala, 2018). La llamada “ultraactividad” —la vigencia de un convenio colectivo aun después de su vencimiento hasta que se celebre uno nuevo— ha sido un mecanismo que evita vacíos normativos y preserva derechos adquiridos. La propuesta de eliminar o restringir esta figura, junto con la priorización de acuerdos por empresa sobre convenios de actividad o rama, fragmenta la representación y debilita la capacidad de negociación, afectando especialmente a las/ los trabajadores de salud del sector privado.
En el equipo interdisciplinario de salud, esta cuestión adquiere una dimensión particular. La realidad muestra que, aun antes de la aplicación de la reforma actual, la negociación salarial suele encontrarse fuertemente condicionada por decisiones políticas que limitan la discusión efectiva. La reforma no inaugura esa debilidad; pero la formaliza. Institucionaliza una dificultad preexistente y la perpetua.
Un rasgo distintivo del sector público de salud es el pluriempleo, más aún en tiempos de ajuste. La falta de respuesta al reclamo de una histórica recomposición salarial, insuficientes actualizaciones salariales, y la falta de reconocimiento, obliga a gran parte del personal a sostener dos o más empleos en simultáneo. En este contexto, la reforma incluye la modificación a 12 horas de la jornada de trabajo, el régimen de banco de horas sin pago de horas extras, el fraccionamiento de licencias de vacaciones con la eliminación del respeto al periodo estival y la eliminación del principio de Irrenunciabilidad que protege de contratos basura. Incluso aunque no se replicaran en nuestro sector, impactarán sobre quienes trabajan en ambos sectores, y sobre quienes en algún momento necesiten hacerlo.
La precarización de un segundo empleo no es un problema marginal: compromete la sostenibilidad económica y la salud física y mental de quienes sostienen cotidianamente el sistema sanitario y la calidad de atención. Un artículo aparte merece el problema de la creciente uberización de trabajadores de la salud.
La reforma laboral hoy
Algunos de los temas que inicialmente fueron incluidos en el proyecto de ley, resultaron tan escandalosos y obtuvieron tal resistencia que antes de su votación ya habían sido eliminados. Un ejemplo es la modificación a las licencias médicas, que pretendia generar descuentos sobre los salarios de las/los trabajadores por patologías que la patronal considerara culpa del trabajador.
Pese a la insuficiente acción de las Centrales sindicales, las movilizaciones del pueblo trabajador estuvieron presentes para expresar su rechazo. Pero hubo referentes políticos que desde sus cargos legislativos traicionaron a sus votantes y dieron los votos necesarios para la aprobación de la reforma laboral. A pesar de ello, incluso una vez sancionada, el núcleo central de la reforma laboral (aproximadamente 80 artículos), fue suspendido por la justicia hasta resolver la inconstitucionalidad.
No estamos frente a una norma que se impone de manera lineal, sino ante un proceso de disputa donde la organización colectiva sigue siendo un factor decisivo.Así como, en nuestra práctica cotidiana, las decisiones terapéuticas se construyen sobre evidencia (nos preguntamos si esto ya ocurrió, cómo se resolvió y con qué consecuencias). Realizar un ejercicio de memoria resulta indispensable.
Memoria
Recientemente, una masiva movilización del 24 de marzo de 2026, a 50 años del golpe, se hizo presente en la Plaza de Mayo (ver imagen 1) y en todo el país. No fue solo un acto por memoria, verdad y justicia. Fue también una expresión concreta de los límites que gran parte de la sociedad está dispuesta a poner frente a discursos negacionistas y políticas regresivas. En esa plaza no solo se recordó el pasado: se defendió el presente. Y entre esos derechos que se defienden, los laborales ocupan un lugar central.
Desde su publicación en 1974, la Ley de Contrato de Trabajo ha sufrido varios intentos de modificaciones regresivas que el pueblo trabajador ha logrado, en mayor o menor medida, resistir.
La última dictadura cívico-militar-eclesiástica, hace 50 años, a un mes de asumir el poder, llevó adelante una reforma laboral (ver imagen 2). Para implementarla, puso en marcha un plan sistemático de exterminio: secuestros, torturas, robo de bebés y desapariciones forzadas, entre otros crímenes de lesa humanidad, persiguiendo especialmente a sindicalistas y referentes de lucha entre trabajadores o estudiantes. Se propuso reconfigurar las relaciones laborales desde el terror, desarticulando la organización colectiva y debilitando toda capacidad de resistencia, pero fue la resistencia obrera, con masivas movilizaciones la qué empujó la salida de ese régimen nefasto.
Con el retorno democrático, si bien se recuperó la capacidad de organización y lucha, y con ella varios derechos, en los años 90, bajo el gobierno de Carlos Menem, se impulsaron sucesivas reformas laborales (ver imagen 3 y 4). La llamada “flexibilización”promovió contratos precarios, se redujeron costos de despido y se habilitaron formas de contratación que fragmentaron al colectivo de trabajadores. Sin embargo,no pudieron aplicarse de manera homogénea. Donde hubo mayor resistencia sindical, su impacto fue menor o más lento. La ley estaba vigente, pero su efectividad dependía de la correlación de fuerzas de cada sector.
En el año 2000, una nueva reforma laboral (ver imagen 5), sumida en escándalos de corrupción que rodearon su aprobación, buscó avanzar sobre la negociación colectiva y las condiciones de trabajo. Pero nuevamente, su aplicación fue desigual y estuvo atravesada por conflictos, resistencias y disputas en los lugares de trabajo. No fue un proceso lineal ni automático.La crisis de 2001, reconfiguró completamente el escenario económico y social, abriendo un nuevo ciclo en el que la movilización social y sindical volvió a ocupar un lugar central.
Si algo muestra la historia argentina es que ninguna reforma laboral se impuso de manera definitiva. Incluso aquellas implementadas en contextos de extrema violencia o con fuerte respaldo político encontraron, más tarde o más temprano, límites, resistencias y procesos de reversión.
En ese sentido, la historia no ofrece garantías, pero sí una enseñanza clara: cuando hay organización y lucha, incluso las reformas más regresivas pueden ser disputadas, condicionadas o revertidas.
Conclusiones
Hoy, frente a una reforma laboral regresiva que es parte de un ataque sostenido, con diputados/as que traicionan a sus votantes y con la inacción de las centrales sindicales, esa advertencia vuelve a tener sentido. Entre nosotros aparecen dos caminos que parecen opuestos. Algunos creen que debemos negociar en las condiciones existentes, tratando de salir lo menos golpeados posible, con la esperanza de que, si no incomodamos demasiado, el poder nos castigue un poco menos. Otros esperan una representación combativa que, desde arriba, cambie las reglas del juego a través del paro, la movilización y la confrontación abierta.
Las diferencias son reales. Pero en ambos casos aparece un riesgo común: creer que la fuerza está en otro lado. En quienes nos representan: en los diputados que votan, en los dirigentes que acuerdan. Y si la ley sale porque “se vendieron” o porque “no negociaron bien”, entonces nuestro rol se reduce al espectador pasivo? Ese es el verdadero problema.
Cuando dejamos de reconocernos como sujetos activos, como la fuerza real que sostiene hospitales, guardias, centros de salud y barrios enteros, empezamos a aceptar como inevitable lo que en realidad es una relación de poder que puede ser disputada. No podemos aceptar simplemente. No podemos resignarnos.
La autodefensa comunitaria no es una consigna abstracta: empieza en cada servicio, en cada equipo, en cada asamblea, en cada instancia donde nos reconocemos como parte de un colectivo con intereses comunes.
En un contexto de pluriempleo, sobrecarga laboral y desgaste creciente, organizarnos no es una opción ideal: es una necesidad concreta para sostener nuestras condiciones de trabajo y la calidad de atención.
Si sostenemos los hospitales, podemos sostener la lucha.
Si sostenemos la vida, podemos defender nuestros derechos.
No somos débiles.
Somos imprescindibles.
Y cuando lo imprescindible se organiza, cambia la historia.
